Una medida que flexibiliza regulaciones y reabre el debate sobre la calidad y la seguridad del vino argentino
Redacción Cocinar es Vida
El vino argentino, emblema de identidad y producto de exportación, atraviesa un nuevo capítulo de debate. Con la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) eliminó cerca del 80 % de las disposiciones vigentes que regulaban la producción, certificación y control del sector. La medida supone la baja de casi mil normas históricas, algunas con décadas de antigüedad, y plantea un giro radical en la política de control de calidad que había caracterizado a la industria vitivinícola del país.
El cambio, presentado como un proceso de “simplificación normativa”, busca —según el organismo— desburocratizar la gestión, reducir costos administrativos y agilizar los procesos de comercialización y exportación. Pero la decisión no ha pasado inadvertida: enólogos, productores y especialistas del sector advierten sobre riesgos potenciales para la trazabilidad, la reputación y la seguridad alimentaria, en un contexto donde la confianza del consumidor es clave para mantener los mercados nacionales e internacionales.
Qué implica la eliminación de casi mil normas
La resolución dispone una depuración masiva del marco regulatorio del INV, en la que se eliminaron ordenanzas, circulares y disposiciones consideradas “obsoletas o redundantes”. Según el texto oficial, el objetivo es modernizar la normativa en consonancia con “las necesidades actuales de la industria vitivinícola y las exigencias del mercado global”.
Entre los cambios más significativos se encuentra la flexibilización de las certificaciones de origen, añada y varietal, que pasarán a ser optativas. Esto significa que una bodega podrá decidir si certifica o no esos atributos de su vino, sin obligación de hacerlo para comercializarlo.
El INV argumenta que esta medida permitirá agilizar la operatoria y favorecer la innovación, pero para gran parte de los especialistas supone un riesgo de pérdida de transparencia. La trazabilidad, que hasta ahora era un elemento esencial para garantizar la autenticidad de los productos, podría verse debilitada si no existe una fiscalización estricta que respalde las etiquetas.
Reacciones en la industria y temores por la calidad
La noticia generó reacciones divididas en el sector. Algunos bodegueros celebran la medida por entender que reduce la carga burocrática y les otorga mayor libertad en la gestión de sus procesos. Para ellos, el exceso de normativas había ralentizado la competitividad, especialmente frente a países productores con regulaciones más flexibles.
Sin embargo, otras voces dentro de la industria y la comunidad enológica expresaron preocupación por las consecuencias que podría tener la desregulación sobre la calidad y seguridad del vino argentino. La referencia inevitable es el antecedente trágico de los vinos adulterados, ocurrido en distintas etapas de la historia vitivinícola del país, con graves consecuencias para la salud pública y la imagen internacional del producto.
Expertos señalan que, si bien es posible actualizar y simplificar las normas, eliminar un volumen tan amplio sin un proceso de reemplazo o evaluación exhaustiva puede abrir vacíos legales que dificulten el control sanitario y la fiscalización. En la práctica, esto podría significar menos inspecciones, menos requerimientos técnicos y una mayor responsabilidad delegada a las propias bodegas.
Certificaciones optativas: una decisión con impacto en la trazabilidad
Hasta ahora, las certificaciones de origen, añada y varietal eran pilares de la transparencia del sector. Garantizaban que un vino etiquetado como “Malbec de Mendoza 2022”, por ejemplo, cumpliera con el 100 % de uvas de esa variedad y procedencia, además de las condiciones de producción definidas por el INV.
Con la nueva resolución, esa verificación deja de ser obligatoria. Las bodegas podrán seguir certificando si lo desean, pero no estarán forzadas a hacerlo. Este cambio traslada el control al ámbito del autogobierno empresarial, lo que algunos consideran un avance hacia la desregulación económica, mientras que otros lo interpretan como una pérdida de garantías para el consumidor.
En la práctica, el INV concentrará sus tareas en la fiscalización de normas básicas de inocuidad y seguridad alimentaria, dejando en manos de las empresas la decisión de qué atributos desean certificar y cómo los comunicarán al mercado.
Un contexto de modernización y tensiones
La eliminación de normas se enmarca en una política de Estado más amplia orientada a reducir regulaciones en distintos sectores productivos. No obstante, el sector vitivinícola tiene una sensibilidad particular: su éxito depende tanto de la calidad del producto como de la percepción internacional de fiabilidad y excelencia.
Argentina es actualmente el quinto productor mundial de vino y uno de los mayores exportadores de América Latina. La marca país “Vino Argentino, Bebida Nacional” ha sido un pilar en la proyección del turismo enológico y de la gastronomía de exportación. Por eso, cualquier modificación en los estándares de control genera debate y preocupación entre los actores del sector.
Desde el punto de vista técnico, analistas reconocen que muchas de las normas derogadas estaban desactualizadas o duplicadas, y que una simplificación era necesaria. Sin embargo, insisten en que la modernización no debe confundirse con la desregulación. Un nuevo marco, más simple pero robusto, debería garantizar el equilibrio entre eficiencia administrativa y seguridad pública.
El equilibrio entre libertad y responsabilidad
La discusión de fondo trasciende lo técnico: ¿cuánta libertad debe tener una industria que produce un bien de consumo masivo como el vino? La calidad, la transparencia y la responsabilidad social son valores que han sostenido la reputación internacional de la vitivinicultura argentina. Cualquier cambio que los debilite puede tener consecuencias económicas y culturales profundas.
Por eso, especialistas en política agroalimentaria advierten que la eliminación de regulaciones no debe implicar menos controles efectivos, sino mejor fiscalización y normas más claras. El desafío será encontrar un punto medio donde la simplificación normativa no signifique pérdida de confianza, ni para los consumidores locales ni para los mercados de exportación.
Un futuro en revisión
El impacto real de la Resolución 37/2025 se medirá en los próximos meses, cuando las bodegas comiencen a operar bajo el nuevo esquema. Si bien el sector necesita adaptarse a los tiempos modernos, la historia de la vitivinicultura argentina recuerda que la seguridad y la calidad del vino son bienes públicos, y su protección trasciende cualquier coyuntura económica.
La innovación puede y debe convivir con la responsabilidad. En una industria donde la tradición, la ciencia y la cultura se entrelazan, la pregunta sobre cómo mantener la confianza sin renunciar al progreso será clave para definir el rumbo del vino argentino en los próximos años.
Referencias
Tiempo Argentino (2025). Menos controles para las bodegas: el Instituto Nacional de Vitivinicultura eliminó casi mil normas. https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/menos-controles-para-las-bodegas-el-instituto-nacional-de-vitivinicultura-elimino-casi-mil-normas/
Fuentes adicionales citadas en el texto original: Boletín Oficial de la República Argentina, Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Nota editorial:
Este artículo ha sido elaborado con fines divulgativos a partir de información pública y fuentes especializadas, adaptado al enfoque editorial del medio para facilitar su comprensión y contextualización.
